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Baraja elevar a 9.600 hectáreas la superficie legalizada, 500 más de las previstas Los ecologistas tachan la cifra de "insostenible" al estimar que "no existen recursos hídricos para todos"
Explotaciones agrícolas de Lucena del Puerto.
El Plan Especial de Regadíos de la Corona Norte de Doñana, que última la Junta de Andalucía y que regulará 64.000 hectáreas, darán cobertura legal a una mayor superficie de los 8.952.000 metros cuadrados inicialmente previstos.
Así lo adelantó en rueda de prensa la delegada de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Josefa González Bayo, quien se ha alineado con los argumentos de los agricultores, que censuraron que la cartografía y planimetría sobre las que se construyó el primer borrador del plan contenía "errores".
Sin embargo, la institución autonómica no disipa las dudas de si se regularizarán fincas que iniciaron su actividad con posterioridad al Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (Potad), un documento que en 2004 ponía techo a la zona de riego en la zona afectada por las fronteras del Parque de Doñana y que tenía por objeto garantizar los recursos hídricos que alimenten el motor económico de la comarca, sin menoscabo de los blindajes medioambientales que hagan lo propio con el entorno y, más concretamente, con la Reserva de la Biosfera.
Tras los recursos de los empresarios, la Junta elevó a 9.098 la cifra de hectáreas en riego y ahora, tras las reuniones mantenidas con los alcaldes de los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, se plantea llegar a 9.600.
Para justificar este incremento el sector explica que el borrador daba únicamente cobertura a las hectáreas de riego tomando como referencias las cartografías de 2004, mientras que ahora se han cotejado con planos municipales y los facilitados por los propios agricultores. Mediante la comparación de ambos se ha depurado errores y obtenido una realidad "más exacta" de aquellas hectáreas que se encontraban en riego con anterioridad al Potad.
La Junta no ha querido concretar cuál es el incremento exacto o porcentual del número que se terminarán legalizando, a la par que matizaba ayer que el documento no está cerrado y será en las próximas semanas cuando se presente oficialmente en el próximo Consejo de Participación de Doñana. González Bayo insistió en declaraciones recogidas por Europa Press en que "el trabajo está muy avanzado" y adelantó que habrá zonas agrícolas que se quedarán fuera del amparo legal, "porque todos sabemos que hay agricultores que no han actuado de buena manera".
Por último, la delegada ensalzó el "gran trabajo" que está realizando la administración "desde un punto de vista técnico" para diseñar un documento que, adelanta, "no gustará a todos" y que "podrá ser recurrido por vía judicial por aquellos que estén en contra".
Los ecologistas han tachado de insostenible las cifras que baraja la administración autonómica, ya que no existen recursos hídricos para todos, vaticinando que podrá darse la paradoja de que "se legalicen todas las explotaciones y luego no exista agua que repartir".
El representante de aguas de WWF en Doñana, Felipe Fuentelsaz, explicó que el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) cifró en 23 hectómetros cúbicos el agua que se puede extraer del acuífero sin dañar todo el ecosistema de Doñana. Si a ello se suma el aporte de 3,9 hectómetros cúbicos del trasvase de la cuenca Atlántica a la del Guadalquivir (dado que 1 hectómetro será destinado a consumo humano) resulta una cantidad que no es suficiente siquiera para regar 8.952 hectáreas, ya que el IGME acreditó que se generaría un déficit hídrico de 4,3 hectómetros cúbicos. Y nadie ha explicado como se compensaría para evitar la desecación de las marismas al igual que ocurrió con las tablas de Daimiel.
En esta línea Fuentelsaz emplazó a la delegada a "ser valiente y concretar cuántas hectáreas se van a legalizar y cuántas se van a desmantelar". Mientras, avanzó que denunciarán en Europa el plan si se produce una "amnistía encubierta" para la mayor parte de quienes, en su día, "se saltaron la ley".
En este sentido, insiste en que este déficit no supo limitarse aun cuando se rebajó a los regantes a 4.500 metros cúbicos, "castigando a los agricultores que han venido trabajando de forma legal en favor de aquellos a que han ejercido al margen de la ley".
Así lo adelantó en rueda de prensa la delegada de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Josefa González Bayo, quien se ha alineado con los argumentos de los agricultores, que censuraron que la cartografía y planimetría sobre las que se construyó el primer borrador del plan contenía "errores".
Sin embargo, la institución autonómica no disipa las dudas de si se regularizarán fincas que iniciaron su actividad con posterioridad al Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (Potad), un documento que en 2004 ponía techo a la zona de riego en la zona afectada por las fronteras del Parque de Doñana y que tenía por objeto garantizar los recursos hídricos que alimenten el motor económico de la comarca, sin menoscabo de los blindajes medioambientales que hagan lo propio con el entorno y, más concretamente, con la Reserva de la Biosfera.
Tras los recursos de los empresarios, la Junta elevó a 9.098 la cifra de hectáreas en riego y ahora, tras las reuniones mantenidas con los alcaldes de los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, se plantea llegar a 9.600.
Para justificar este incremento el sector explica que el borrador daba únicamente cobertura a las hectáreas de riego tomando como referencias las cartografías de 2004, mientras que ahora se han cotejado con planos municipales y los facilitados por los propios agricultores. Mediante la comparación de ambos se ha depurado errores y obtenido una realidad "más exacta" de aquellas hectáreas que se encontraban en riego con anterioridad al Potad.
La Junta no ha querido concretar cuál es el incremento exacto o porcentual del número que se terminarán legalizando, a la par que matizaba ayer que el documento no está cerrado y será en las próximas semanas cuando se presente oficialmente en el próximo Consejo de Participación de Doñana. González Bayo insistió en declaraciones recogidas por Europa Press en que "el trabajo está muy avanzado" y adelantó que habrá zonas agrícolas que se quedarán fuera del amparo legal, "porque todos sabemos que hay agricultores que no han actuado de buena manera".
Por último, la delegada ensalzó el "gran trabajo" que está realizando la administración "desde un punto de vista técnico" para diseñar un documento que, adelanta, "no gustará a todos" y que "podrá ser recurrido por vía judicial por aquellos que estén en contra".
Los ecologistas han tachado de insostenible las cifras que baraja la administración autonómica, ya que no existen recursos hídricos para todos, vaticinando que podrá darse la paradoja de que "se legalicen todas las explotaciones y luego no exista agua que repartir".
El representante de aguas de WWF en Doñana, Felipe Fuentelsaz, explicó que el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) cifró en 23 hectómetros cúbicos el agua que se puede extraer del acuífero sin dañar todo el ecosistema de Doñana. Si a ello se suma el aporte de 3,9 hectómetros cúbicos del trasvase de la cuenca Atlántica a la del Guadalquivir (dado que 1 hectómetro será destinado a consumo humano) resulta una cantidad que no es suficiente siquiera para regar 8.952 hectáreas, ya que el IGME acreditó que se generaría un déficit hídrico de 4,3 hectómetros cúbicos. Y nadie ha explicado como se compensaría para evitar la desecación de las marismas al igual que ocurrió con las tablas de Daimiel.
En esta línea Fuentelsaz emplazó a la delegada a "ser valiente y concretar cuántas hectáreas se van a legalizar y cuántas se van a desmantelar". Mientras, avanzó que denunciarán en Europa el plan si se produce una "amnistía encubierta" para la mayor parte de quienes, en su día, "se saltaron la ley".
En este sentido, insiste en que este déficit no supo limitarse aun cuando se rebajó a los regantes a 4.500 metros cúbicos, "castigando a los agricultores que han venido trabajando de forma legal en favor de aquellos a que han ejercido al margen de la ley".
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